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15 Jul 2018

HISTORIA Y MEMORIA

Escrito por 

 

 

 

El concepto de memoria histórica referido a la revisión ideológica de épocas pasadas, que constituye su esencia, ha tenido un rechazo considerable en el grueso de la historiografía y del pensamiento político.

 

El proyecto de ley del Gobierno sobre la Memoria Histórica ha desencadenado un áspero debate. Una cosa es eliminar símbolos públicos que suponen un homenaje a la dictadura y resultan dolorosos para una parte de la sociedad; otra es el deseo de transformar en norma de cumplimiento obligatorio una lectura ideológica de la Guerra Civil, del franquismo y, en función de ella, obtener una victoria moral y legal sobre una España que, por cierto, ya no existe. Emprender esa tarea ochenta años después de terminado el conflicto fratricida y cuarenta desde el final de la dictadura es cuanto menos un anacronismo. Pero la pretensión de convertir una visión de parte en una verdad oficial cuya negación puede conducir a penas de prisión es un evidente exceso. Cuando esto sucede, cualquier sociedad, lejos de reconciliarse con sus fantasmas entra en una insana dinámica, bien de aceptación pasiva de lo políticamente correcto por indiferencia o temor, bien en un lamentable hábito hispano: un cruce de acusaciones entre las fuerzas parlamentarias negándose sus credenciales democráticas.

Para empezar no hay nada parecido a una memoria colectiva por la ­sencilla razón de que no existe una mente colectiva. La memoria es siempre y por definición individual y subjetiva; es aleatoria e inesperada. Los individuos no tienen la capacidad mental de elegir sus recuerdos. Estos emergen y se imponen de una manera espontánea, no selectiva. Son el producto de observaciones y de experiencias personales que no cabe extrapolar a una regla general. En ­consecuencia, una nación, un país, un pueblo no tienen una psique única sino muchas; sus miembros no poseen una percepción unánime e incontestable de la verdad sino múltiples. La posición contraria es el denominado monismo filosófico o colectivismo metodológico, doctrinas ambas incompatibles con los principios básicos de una sociedad abierta.

Aunque resulte paradójico y antiintuitivo, la historia no tiene nada o poco que ver con la memoria. Los historiadores plantean hipótesis y las revalúan a la luz de la evidencia disponible y de los nuevos datos aportados por la investigación. Sus conjeturas son contrastables, esto es, se ven refutadas o respaldadas por los hechos. Incluso, cuando esto acontece, sus conclusiones son sólo aproximaciones a la verdad. Proporcionan un conocimiento hipotético siempre abierto a la posibilidad de ser desmentido. Ese método es, pues, ajeno al empleado por los teóricos de la mal llamada memoria histórica que no es lo primero por la inexistente naturaleza colectiva de ese sujeto ni lo segundo por su carácter dogmático, esto es, por tratarse de una proposición que no puede someterse a los criterios de falseabilidad inherentes al razonamiento científico.

En la práctica, así lo atestigua la experiencia, el fundamento político-doctrinal del concepto de la memoria histórica es una tramposa combinación de la ficción y de la realidad. Este esquema de pensamiento es típico de las sociedades cerradas que hacen de la historia un instrumento cuyo objetivo es legitimar las decisiones y los proyectos de quienes ostentan el poder. En las democracias liberales, quienes recurren a estos procedimientos quizá tengan buenas intenciones pero utilizarlos tiene consecuencias indeseables; conducen a contar medias verdades y, en numerosas ocasiones, muchas mentiras. En su extremo, este ha sido y es el enfoque de las historias oficiales codificadas y propagadas por los regímenes autoritarios y totalitarios a lo largo de los siglos. En ese entorno, la libertad de pensamiento y de expresión, la pluralidad de ideas y de valores no tienen cabida o están severamente mediatizados.

Esa digresión no es baladí. Resulta esencial para entender las implicaciones de la propuesta legislativa impulsada por el Gobierno socialista. En el periodo 1936-1939 se desarrolló una cruenta guerra entre hermanos a cuyo término comenzó un largo periodo dictatorial. Se cometieron atrocidades en los dos bandos y se luchó con heroísmo en ambos. Casi un siglo después, aún existen interpretaciones muy diferentes sobre si esa conflagración fue o no inevitable y sobre quienes fueron los responsables de su desencadenamiento. Sin embargo, la sociedad española decidió el cierre político de la Guerra Civil y de la dictadura con un gran compromiso de reconciliación sin vencedores ni vencidos. Este fue el espíritu inspirador de la transición y de la vigente Constitución; un consenso básico sostenido tanto por los gobiernos del PSOE como por los del PP hasta que Rodríguez Zapatero en el 2006 y Pedro Sánchez ahora llevaron a la agenda política una cuestión que se había dejado en las serenas manos de la historiografía.

Si la ley de Memoria Histórica aspira a reconciliar a los sufridos habitantes de las Españas con su pasado, esa meta exige el mantenimiento de un clima de libertad intelectual en el que los historiadores tengan la capacidad de exponer e interpretar los fenómenos pretéritos y los ciudadanos puedan pronunciarse sobre ellos, guste o no su opinión a las mayorías o a las minorías de turno. Es legítimo y un imperativo ético ayudar a quienes deseen recuperar y enterrar con dignidad a sus muertos. Ahora bien, no lo es exigir el silencio de quienes tienen una visión del periodo 1931-1975 diferente a la decretada verdadera por el Gobierno ni, mucho menos, convertir la discrepancia con ella en un tipo delictivo. La igualdad moral de todas las víctimas, la drástica inutilidad de los conflictos civiles y la esterilidad de vengar hoy lo sucedido ayer han de ser una guía para quienes posean o aspiran a alcanzar el Gobierno de las Españas.

En su último parlamento público, el 18 de julio de 1938, un gran castellano enamorado de Catalunya, don Manuel Azaña, llamó a aprender la lección “de esos hombres, que han caído embrave­cidos en la batalla luchando magnánimamente por un ideal grandioso y que ahora, abrigados en la ­tierra materna ya no tienen odio, ya no tienen rencor, y nos envían, con los destellos de su luz, tranquila y remota como la de una estrella, el mensaje de la patria eterna que dice a todos sus hijos: paz, piedad y perdón”. Esas pa­labras de quien mejor encarnó la esperanza y la ­tragedia de la Segunda República guardan hoy toda su vigencia.

Historia de una fábula

El concepto de memoria histórica referido a la revisión ideológica de épocas pasadas, que constituye su esencia, ha tenido un rechazo considerable en el grueso de la historiografía y del pensamiento político. Autores claramente de izquierdas, como Tony Judt, denunciaron con firmeza la manipulación o la remodelación del pasado en base a consideraciones e intereses políticos, considerando esa actitud poco científica y contraria al intento de esclarecer lo acaecido mediante el rigor exigible al análisis de la historia. Liberales, como Michael Ignatieff, han descalificado el recurso a la memoria histórica como un medio adecuado para cerrar las heridas abiertas en una sociedad por las guerras civiles o los periodos dictatoriales. En el caso español, la mayoría de los historiadores profesionales sean de izquierdas, por ejemplo Stanley J. Payne, o de derechas, José Varela Ortega, han denunciado por sectarias y desdibujadoras de la realidad los contenidos de las leyes sobre la memoria histórica de los gobiernos socialistas.

 

 

 

Lorenzo Bernaldo de Quirós

Lorenzo Bernaldo de Quirós é presidente da Freemarket Internatinal Consulting, em Madrid, Espanha, sendo licenciado em Direito e PhD em Teoria Monetaria pela Universidade de Saint Andrews, Escócia. É assessor econômico do Institutio de Estudos Econômicos, acadêmico-adjunto do Instituto Cato e Conselheiro de Bovis Lend Lease, de Séneca Educación e do grupo CEES. Colabora ativamente nos meios de comunicação de Madrid, como colunista dos diários La Razón e Gaceta de Los Negocios e da Agência Europa Press. Foi diretor de Estudos Econômicos da Câmara de Comércio de Madrid e da Confederação Espanhola de Empresários do Metal.

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